MANIFIESTO “YO SOY LA 52. YO SOY EL 52″

CONTRA EL PROCESO DE “LOS 51 DE ZARAGOZA” POR PARTICIPAR EN UN ESCRACHE PACÍFICO PARA VISIBILIZAR LA REALIDAD DE LOS DESAHUCIOS.

La mayoría parlamentaría que sustenta al Gobierno ha dinamitado las esperanzas que la mayoría de la sociedad tenía puestas en la ILP por la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de desahucios. Pese a que se admitió la ILP para su debate, en el trámite decidió sacar adelante una reforma de nuevo insuficiente. De hecho, la llamada “ley para la protección de deudores hipotecarios” finalmente no contiene ni uno solo de los puntos reivindicados por las plataformas de afectados.

Una vez que el Gobierno resolvió tirar a la basura los tres puntos de mínimos contenidos en la ILP, y con la campaña de escraches de las PAH y Stop Desahucios encima, decide convertir a las plataformas de afectados en “el enemigo”. Comienza una campaña de criminalización en la que incluso se repiten de forma sistemática declaraciones tendentes a comparar las movilizaciones de los afectados por la hipoteca con los nazis o con el terrorismo, a fin de convertir a la víctima en verdugo e iniciar una horripilante campaña que después se concretará en sanciones, señalamientos, identificaciones masivas, amenazas veladas a colectivos determinados… Todo sirve para tapar la incapacidad o incluso la falta de voluntad política del Gobierno para legislar en favor de las personas frente a la banca. ¿Hasta donde estarán dispuestos a llegar?

El pasado 9 de abril varias decenas de ciudadanos realizaron un escrache para llevar la voz de los afectados hasta las inmediaciones del domicilio de Eloy Suárez (diputado y concejal de Zaragoza). Como es sabido Stop Desahucios se ha dirigido en repetidas ocasiones y por distintos medios a los diputados aragoneses del PP apelando a su conciencia ante la tramitación de la ILP e invitándoles a entrar en contacto con las asambleas de afectados. La plataforma nunca obtuvo respuesta y finalmente las acciones y omisiones de los diputados del PP electos por Aragón han desembocado en la voladura de la ILP.

Antes de realizar el escrache 51 personas (activistas y afectados) fueron identificadas por la policía a 600 metros de Paseo Las Damas donde reside Eloy Suárez. La Delegación del Gobierno anunció que abriría proceso sancionador y en paralelo remitía el expediente a la Fiscalía General del Estado. El lunes, 29 de abril, comienzan la llegada de cartas anunciando el inicio de los procesos sancionadores al conjunto de las 51 personas identificadas. Un severo castigo colectivo que oscila entre los 200 euros y la máxima de 1.500 para quien Gustavo Alcalde consideró “portavoz”. Queda pendiente conocer el resultado de las diligencias informativas abiertas por La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza que habla de posibles “coacciones y de atentado a la autoridad”.

Esta propuesta de sanción de miles de euros es un intento descarado de intentar callar a los afectados por la hipoteca y a quienes luchan junto a ellos. Pretenden terminar con aquello que precisamente aporta esperanza a los afectados y al conjunto de la sociedad. Cada concentración o actividad de la Plataforma es respondido con identificaciones masivas, incluso se llega a retener para identificación a personas que andan tranquilamente por la calle por el simple hecho de ser “los de Stop Desahucios”. Tienen miedo a la capacidad de la gente para cambiar las cosas. Esto les preocupa más que el incumplimiento sistemático de los derechos humanos.

Al mismo tiempo observamos cómo otros colectivos y movimientos sociales de nuestra ciudad sufren procesos penales o administrativos similares.

Algunos ejemplos represivos:

Cinco compañeros de Marea Verde que se enfrentan a un juicio de faltas, aunque la Fiscalía pide que sean juzgados por “coacciones y de atentado a la autoridad”, por realizar una “escultura de tuppers”, en protesta por el conflicto de los comedores, cerca del domicilio de María Dolores Serrat Moré, la Consejera de Educación de Aragón.

La Plataforma Solidaria de Actur y Parque Goya vio cómo un acto comunicado y pacífico en el que participaban unas pocas decenas de personas para reclamar mas agilidad en la tramitación del IAI, ha terminado con varios compañeros multados y una compañera a la espera de juicio el próximo 28 de mayo.

También podemos acordarnos de Nano -del CSO Kike Mur- al que la fiscalía en un juicio ahora visto para sentencia pide una condena de seis meses de prisión y multa de hasta 1.500 euros por desorden público y atentado a la autoridad. O las multas y consecuencias judiciales para varios jóvenes que se oponían a la celebración de un acto de un peligroso grupúsculo nazi y que fueron objeto de provocaciones.

Resulta escandaloso que esto se produzca, mientras los responsables de la crisis disfrutan libremente de los grandes beneficios obtenidos durante la época de auge. Ni uno solo de los directamente responsables en la estafa inmobiliaria ha sido condenado. Es más, a cambio de arruinar el país disfrutan de vergonzosas pensiones e indemnizaciones.

La ciudadanía no puede permanecer impasible ante la conculcación de las libertades y derechos democráticos, con el único fin de garantizar la aplicación de los planes del Gobierno y La Troika, los cuales, no solo necesitan continuar con la estafa que llaman crisis para recortar nuestros derechos y trasvasar ingentes cantidades de fondos públicos a la banca, sino que también nos necesitan sumisos para continuar con esta estafa de dimensiones colosales que han denominado crisis.

Reclamamos a la Delegación del Gobierno y a las Fiscalías que terminen con estos procesos políticos represivos contra movimientos sociales pacíficos. Reclamamos la anulación del proceso contra Los 51 de Zaragoza, así como el final de la campaña desatada por el gobierno de criminalización de Stop Desahucios y PAH.

Cada uno de nosotros y nosotras exigimos que se hagan efectivos nuestros derechos básicos y fundamentales, particularmente nuestro derecho a una vivienda digna y adecuada.

Por eso gritamos y gritaremos con todas nuestras fuerzas:

Yo soy la 52. Yo soy el 52

Número de cuenta de Stop Desahucios Zaragoza para apoyar la Caja de Resistencia de los #Los51deZaragoza

Triodos Bank 1491 0001 20 2067572327

Este martes se celebra el juicio contra Nano, agredido y detenido en el desalojo del CSO Kike Mur en 2011

El martes 7 de mayo se celebrará en los Juzgados de plaza del Pilar de Zaragoza el último de los juicios relacionados con el desalojo del CSO Kike Mur el pasado 20 de enero de 2011. El 7 de mayo, Fernando (Nano), vecino del barrio de Torrero lugar donde se encuentra el centro social okupado, se sentará en el banquillo acusado de desorden público y atentado a la autoridad lo que podría acarrearle una condena de seis meses de prisión y multa de hasta 1.500 euros.

Por este motivo, las asociaciones vecinales de Venecia, Torrero y La Paz, junto con la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), han convocado dos concentraciones en solidaridad con Nano. La primera de ellas, este domingo 5 de mayo, a las 12.00 horas en la plaza de las Canteras de Torrero contó con la asistencia de decenas de personas solidarias. La segunda, el mismo día del juicio, martes 7 de mayo, a las 11.00 horas en la puerta de los Juzgados en la plaza del Pilar.

Imagen de la detención de Nano

Nano, vecino de Torrero, agredido y detenido

Nano era uno de los muchos vecinos y vecinas que se encontraban en la calle apoyando a ‘lxs once del tejado‘ el día del desalojo. Como vienen denunciando desde hace dos años distintos colectivos sociales y vecinales: “Nano sufrió al igual que todas las personas presentes la brutalidad policial, varias cargas desproporcionadas, golpes y porrazos a manos de las unidades antidisturbios”. Nano tras pasar la noche en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía quedo en libertad con cargos a la espera de juicio.

Durante la mañana del 20 de enero testigos presenciales informaban a AraInfo del “brutal ensañamiento de la policía con las personas y vecinos solidarios que se acercaban a la cárcel de Torrero”. La madre de Nano declaraba que vio por televisión cómo la policía apaleaba a su hijo y lo retenía con la cara en el suelo durante un cuarto de hora, “sin que hubiera ningún motivo para semejante brutalidad”. Otro joven vecino de Torrero tuvo que recibir asistencia médica en un hospital de la capital aragonesa al resultar herido en las cargas policiales con una brecha en un ojo. El balance final fue de una veintena de personas heridas por la policía.

El rechazo social ante la actuación policial en el desalojo fue inmediato y unánime. Las imágenes vistas en televisión y en los medios gráficos no daban lugar a ninguna duda. Toda la izquierda aragonesa, representada por colectivos vecinales, sociales, culturales, políticos y sindicales, condenó la violencia ejercida contra los vecinos y vecinas de Torrero.

Dos días después del desalojo, más de 600 personas, de distintas edades y ámbitos sociales de la ciudad, se manifestaron por las calles de Torrero. Durante la manifestación un grupo amplio de personas volvió a reokupar el CSO Kike Mur a pesar del amplio despliegue policial en una tarde histórica para las luchas sociales aragonesas. A día de hoy el CSO Kike Mur mantiene sus puertas abiertas, consolidándose como una de los centros culturales y políticos de referencia en Zaragoza.

Torrero un barrio que resiste

A pesar de que actuaciones similares protagonizadas por los cuerpos policiales se vienen repitiendo en Zaragoza con demasiada frecuencia, y en especial en el barrio de Torrero con los desalojos de los centros sociales okupados Rasmia, La Vieja Escuela y Kike Mur, la violencia ejercida por parte de la fuerzas de seguridad del estado aquella mañana de invierno en el barrio de Torrero difícilmente será olvidada por sus habitantes.

La desmedida actuación de los antidisturbios fue una nueva herida a un barrio acostumbrado a recibir golpes, un barrio con una importante tradición histórica de lucha obrera y vecinal, un barrio que ha aprendido a cicatriz pero que no olvida, por eso Torrero sigue siendo uno de los barrios zaragozanos donde la reivindicación está impregnada en cada calle y en cada rincón.

El 14 de abril la Iniciativa Ciudadana Contra las Macrocárceles celebra la doce edición de la Marcha contra la macrocárcel de Zuera. Desde las 12.00 a las 18.00 horas en el aparcamiento  de la Macrocárcel de Zuera (Ctra. Nacional 330, km. 539 Zuera) se realizarán actividades de radio, comida popular, teatro, circo, presentación de un libro, concierto, mesa redonda, etc.

También emitirá hacia el interior de los muros Radio Hawaii, como todos los años, recordando a las personas presas que estamos ahí fuera.

Puedes adquirir los bonos de viaje si quieres ir en bus, comida, etc hasta el sábado.

Más información en: http://marchazuera.noblezabaturra.org/

LAS PERSONAS RICAS MÁS RICAS, LAS POBRES MÁS PRESAS

Volviendo la mirada atrás a lo que ha cambiado la cárcel en el Estado Español durante los últimos 100 años, comprobamos que, en esencia, existen muchos paralelismos entre la hoy reocupada cárcel de Torrero donde se apiñaban cientos de personas y las modernas macrocárceles. Si algo no ha cambiado en absoluto es el perfil social de las personas que pisan la cárcel. Los centros de reclusión del siglo XXI se siguen alimentando de las clases empobrecidas. Del “robagallinas” de hace un siglo hemos pasado a la persona sin papeles, a quien trapichea con drogas, a los pequeños delitos contra la propiedad. El Código Penal español y su sistema penitenciario, producen la duración media de las penas más larga de Europa. Por eso el número de personas presas en relación con la población general es mayor que nunca (a excepción de los primeros 15 años de la dictadura franquista).

Llevamos años con una cifra que supera las 70.000 personas presas, a la que hay que sumar a los/as extranjeros/as presos/as en el limbo legal de los CIEs y los/as chavales/as presos/as en centros de menores. Y si la población presa se ha visto ligeramente reducida en los últimos 3 años es por motivos presupuestarios, no por un relajo en el control. Los planes del estado siguen siendo perversos. El número de personas que, de una u otra forma, quedarán bajo el control del sistema penal no va a descender, porque la dictadura de las élites económicas y políticas cambia sus estrategias pero no su objetivo: las personas ricas más ricas, impunidad para el crimen económico organizado, las pobres más presas, la chusma social y política bajo control.

Las enfermedades tampoco han desaparecido. Ni las físicas ni las mentales reciben un tratamiento adecuado dentro de los muros. Es cierto que, formalmente, no existe pena de muerte. Pero la práctica demuestra que las muertes evitables , son mas de 260 las personas que mueren dentro de las prisiones según los datos oficiales, siguen siendo una constante en prisión, a menudo por suicidios de quienes no resisten al secuestro institucional o debido al deterioro físico que produce la reclusión prolongada y a la falta de atención. Los derechos de las personas presas son letra muerta, mientras los derechos de las personas en la calle son letra moribunda.

Tampoco ha desaparecido la tortura. Permanece vigente el régimen FIES, Fichero de Internos de Especial Seguimiento, considerado ilegal por varias sentencias. También sigue existiendo el aislamiento, los traslados como sanción irregular y, demasiado a menudo, llegan noticias de malos tratos, algunos tan graves como mantener a internos/as esposados/as a las camas durante días.

En el siglo XXI volvemos a recordar las condiciones de las personas presas, volvemos a recordar que la cárcel no es la solución para los problemas sociales. En esta época de movilización ciudadana por la defensa de los derechos sociales , educación, sanidad…. en definitiva por la igualdad; no podemos olvidar en estas demandas sociales, un cambio en el sistema penal actual y su máximo exponente, la prisión, que no sólo genera, si no que acrecienta las desigualdades.

ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES.
LAS CÁRCELES NO SIRVEN, LAS MACROCÁRCELES TAMPOCO.