El pasado jueves 3 de mayo 11 compañeras y compañeros del Centro Social Ocupado (C.S.O) Rasmia comparecieron ante los tribunales acusados de un supuesto delito de usurpación. Esta es la crónica del juicio y de la concentración solidaria que se realizaba paralelamente en la puerta de los juzgados, situados en la plaza del pilar de Zaragoza.
Permanece atentx, la sentencia sale el 16 de mayo.
Rasmia somos todxs y se lo estamos demostrando.
El 3 de mayo se celebró, catorce meses después del inicio de la ocupación y de que se produjeran las detenciones, el juicio a once jóvenes del CSO Rasmia por el supuesto delito de usurpación del local situado en la calle Lugo del zaragozano barrio de Torrero.
Antes del comienzo de la vista, casi cincuenta personas se concentraron en las puertas de los juzgados de la plaza del Pilar, con pitos y pancartas, demostrando su apoyo a los compañeros imputados.
Los once acusados declararon haber participado en las actividades propuestas desde el centro social, que han congregado a lo largo de estos meses a decenas de personas de todas las edades, vecinos del barrio de Torrero y de otros puntos de la ciudad.
Asimismo, reiteraron el carácter gratuito y abierto de todas las iniciativas culturales, sociales y reivindicativas que se han llevado a cabo en este espacio autogestionado. Ante las preguntas de los abogados de la defensa, afirmaron que en ningún momento ha habido dentro de este local “peleas o actos que alteraran el orden público”.
El siguiente en comparecer fue el propietario del local, que había sido llamado a juicio por la fiscal. Declaró que fue un vecino el que le informó de que algunas personas estaban ocupando el local de su propiedad, lo que le llevó a presentar una denuncia ante la policía, que supuestamente motivó las posteriores detenciones en los días 22 y 28 de febrero del pasado año.
El propietario afirmó que en el local no había ninguna actividad desde hace años, aunque no pudo confirmar cuánto tiempo había estado vacío el espacio y aseguró que había puesto en alquiler el local «mediante carteles», cosa que otros testigos han desmentido.
El propietario, que declaró que comparte la propiedad de este local con otros “socios” (que no se personaron en el juicio ni han mostrado su disconformidad con la ocupación del local) dejó claro su desinterés por la propiedad por la que pasaba “de vez en cuando”. Esta despreocupación por el estado del local llegó al punto de que la policía local tuvo que forzar la puerta cuando, hace varios años, se produjo una avería en las bajantes de aguas sucias que atraviesan el local ocupado.
El dueño del local aseguró también que en ningún momento ha confirmado por escrito o verbalmente a los ocupantes del local que se trataba de un inmueble de su propiedad y que debían abandonarlo.
Después declararon los cuatro policías nacionales que efectuaron las detenciones. Los dos primeros, que detuvieron a siete personas el día 22 de febrero, se contradijeron en sus declaraciones, ya que el primero afirmó que se presentaron en el local debido a la denuncia del propietario, mientras que el segundo aseguró que esa denuncia se produjo después de las detenciones.
Por parte de la defensa, declaró como testigo el presidente de la comunidad de propietarios de Lugo 67, en cuyo bajo se encuentra el local de Rasmia. Confirmó que el local llevaba varios años sin actividad y que la puerta estaba abierta antes de que se produjera la ocupación. Como vecino, se ha mostrado contento por que se le de un uso social a este local y ha expresado que la actitud de los okupas ha sido siempre muy respetuosa con los vecinos.
El presidente de la Asociación de Vecinos de La Paz fue el segundo testigo de la defensa. Delaró conocer a los acusados “de toda la vida”, conocer también a fondo las actividades del centro social y recordó que la asociación a la que representa ha colaborado con la asamblea de Rasmia en distintas actividades culturales y reivindicativas.
Al preguntarle los abogados si en algún momento había habido incidentes violentos en el interior del local, lo negó rotundamente y afirmó que, en cambio, han sido grupos neonazis y de ultraderecha los que han pasado tanto por Rasmia como por los locales de otras asociaciones vecinales con actitudes violentas e intimidatorias.
En los alegatos finales, la propia fiscal señaló positivamente el carácter lúdico y social de las actividades de Rasmia, pero reiteró su petición de tres meses de cárcel para todos los imputados por un delito de usurpación.
Los abogados de la defensa, por su parte, solicitaron la absolución de los acusados, ya que el delito del que se les acusa reviste mucha gravedad y que las pruebas presentadas hacen que la duda razonable sobre su culpabilidad tenga que ser tomada en cuenta. Como motivación a su petición de absolución, han señalado que en ningún momento se han producido lesiones a los derechos del propietario; que el hecho de que los demás propietarios del local no se hayan pronunciado en este juicio podría suponer su consentimiento tácito al uso del local; y que el delito no procede ya que la ocupación del local no es permanente, sino puntual, con motivo de las actividades propias del centro social.
Finalmente, uno de los imputados ha leído un comunicado en nombre de todos los acusados y los demás compañeros de Rasmia, en el que recordaba la precariedad en la que viven los jóvenes de hoy en día. Ha señalado que la ocupación es un acto político reivindicativo en sí mismo y que son necesarios espacios en los que desarrollar actividades libres y autogestionadas.
El juicio ha quedado visto para sentencia, que se producirá el próximo día 16 de mayo.
A la salida del juicio, los acusados se encontraron con la cincuentena de personas que habían pasado la mañana en la puerta de los juzgados a pesar de la constante presencia policial y de haber identificadxs muchxs de ellxs . Las compañeras y compañeros fueron recibidos entre aplausos y silbidos y con una pancarta en la que se podía leer “RASMIA SE QUEDA”.
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