Este jueves, 21 de junio a las 19.00 horas en el Paraninfo de Zaragoza, está convocada una Marcha bajo el lema “Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal, seguro y gratuito para no morir”, para hacer frente a la intención del Gobierno de derogar la Ley Orgánica 2/2010 de Derechos Sexuales y Reproductivos y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta Marcha está promovida por la Plataforma por los Derechos Sexuales y Reproductivos en la que participan diferentes entidades, asociaciones, colectivos y personas.
Comunicado
Hace unos meses el Ministro de Justicia anunciaba la intención de reformar la actual Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos y de Interrupción Voluntaria de Embarazo, Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo. Bajo un discurso aparentemente humanista, “defensa de la mujer, la vida y la maternidad” lo que se pretende es restringir aún más el derecho de las mujeres a una sexualidad libre, independiente de la reproducción y su derecho a decidir sobre el ejercicio de su maternidad.
Pensamos que la sociedad ha ido avanzando en la consideración y reconocimiento de este derecho. Rechazamos las medidas de un gobierno hipócrita que genera guerras y desprecia la vida y autonomía de las mujeres, respondiendo a ideologías neoliberales que hunden sus raíces en el catolicismo más rancio, conservador y fundamentalista. Claro ejemplo de ello es el hecho de que desde los poderes públicos se financien colectivos antielección que vulneran los derechos sexuales y reproductivos.
Nos movilizamos para exigir la no modificación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria de Embarazo. Y exigimos que se modifique para mejorarla en estos aspectos:
- Que la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) deje de estar tipificada como delito dentro del Código Penal, y pase a estar regulado como el derecho que tienen las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo y a decidir sobre su maternidad.
- Que se reconozca el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, estableciendo su decisión personal como causa exclusiva para la interrupción de su embarazo. Esta decisión puede venir motivada por distintas circunstancias: riesgo para su salud, malformación fetal, o muchas otras cuestiones que afectan a su bienestar físico y emocional y a su proyecto de vida, cuestiones sobre las que sólo la mujer puede elegir, y no puede ser impuesta externamente por nadie. La realidad es que en el año 2010 interrumpieron su embarazo dentro de las doce primeras semanas casi el 90% de las mujeres, constatando el hecho de que se trata de una difícil decisión que se toma con responsabilidad en las primeras semanas.
- Que la práctica de la interrupción voluntaria de embarazo sea garantizada a través de la red sanitaria pública (actualmente el 97% de los abortos se realizan en clínicas privadas concertadas), de forma accesible, gratuita y con todas las garantías de seguridad, calidad y confidencialidad. Reclamamos un acceso que incluya una información clara, una atención ágil, sin adoctrinamiento moral. También un seguimiento médico protocolizado después de la IVE con el fin de fomentar prácticas sexuales seguras entre las mujeres y hombres.
- Que se garantice la equidad territorial mediante la elaboración de un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud, que asegure el acceso a la prestación efectiva de la interrupción voluntaria de embarazo. Debido a complicaciones burocráticas, y al tiempo de espera, en ocasiones las mujeres optan por dirigirse directamente a las clínicas privadas, no accediendo al servicio financiado públicamente. Esto supone una vulneración de su derecho a decidir, incumple gravemente la ley y establece una clara diferencia entre las que se lo pueden costear y las que no pueden. Para más información en este tema puedes leer este informe de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas.
Concretamente en Aragón, estas últimas semanas, las mujeres están viviendo una situación de confusión e inseguridad, especialmente los casos de 14 a 22 semanas, ya que no se está garantizando el acceso a la prestación en su propia comunidad.
Una regulación de la objeción de conciencia que precise sus límites y garantice que todos los centros públicos dispongan de los equipos necesarios para atender la demanda de aborto de las mujeres, de forma que la objeción de conciencia de los profesionales no sea un impedimento para el acceso de la mujer a una IVE.
La puesta en marcha de planes formativos a profesionales para su capacitación en la práctica de interrupción voluntaria de embarazo.
Denunciamos la falta de voluntad por parte del Gobierno central y autonómico de apoyar iniciativas en educación afectivo-sexual, y reclamamos la inversión en recursos que concreten la ley en este tema, así como garantizar la información y acceso métodos anticonceptivos seguros y gratuitos. Rechazamos la medida anunciada por el ministro de educación de cambiar la asignatura de “educación para la ciudadanía” eliminando contenidos esenciales que deberían ser incluidos de manera obligatoria en el currículo educativo, como es la educación afectivo-sexual y que es la mejor herramienta para prevenir los embarazos no deseados en las jóvenes.
No podemos admitir que después de años de lucha y trabajo por los derechos de las mujeres, se vuelva a reforzar el tabú del aborto, la estigmatización y la privatización de esta prestación sanitaria.
Desde las organizaciones, colectivos y mujeres que formamos parte de esta plataforma continuaremos luchando por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y anunciamos próximas movilizaciones para el 28 de septiembre, día mundial de la lucha por el derecho al aborto.
Plataforma por los Derechos Sexuales y Reproductivos
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