Este es un artículo aparecido a nivel estatal en el número 58 del periódico Diagonal, sobre la represión y el acososo policial e institucional al que nos estamos viendo sometidos los colectivos sociales maños como consecuencia de la preparación de la Expo 2008.
Ni un paso atrás!!!
Una veintena de asociaciones aragonesas han hecho causa común para denunciar que “la Delegación de Gobierno en Aragón no sólo viene identificándonos de manera ilegal desde hace algún tiempo en actos de expresión política participativa. Ahora además, nos multa, nos cobra por defender otro modelo de solucionar los conflictos sociales”.
En un escrito presentado el 20 de junio ante la Delegación del Gobierno en Zaragoza, diferentes colectivos sociales aragoneses hacen un repaso a los últimos episodios de acoso. El caso que, por ahora, más indignación ha levantado es la notificación de multa de 3.000 euros que ha recibido una participante en la Marcha contra la Macrocárcel de Zuera, el pasado abril, a la que la Delegación de Gobierno responsabiliza de no haber comunicado la realización de la concentración.
Hasta el momento, los organizadores de esta marcha, que va por su sexto año consecutivo, nunca han notificado a la policía la realización de la protesta puesto que se desarrolla en el aparcamiento de la prisión. Para los colectivos aragoneses, que recuerdan que no se ha producido ningún incidente ni obstaculizado la vía pública, la multa de la Delegación es especialmente injusta porque la policía ha considerado a la activista multada como organizadora de un acto en el que no fue identificada, pero sí filmada. Un vídeo al que sus abogados no pueden acceder.
Por su parte, los centros sociales reciben cotidianamente visitas de policías que piden los papeles, hacen redadas o identifican a los presentes. Actos como concentraciones contra las municipales ordenanzas cívicas o por Oaxaca, las masas críticas en bicicleta -paseos lúdicos y reivindicativos de ciclistas contra el coche-, la realización de una pancarta por la nueva cultura del agua o los puestos informativos de la central sindical CNT también han recibido intimidatorias visitas de policías.
Los colectivos sociales zaragozanos estiman que, cada semana, tanto Policía Local como Nacional recogen, en movilizaciones, los DNI de entre 20 y 60 personas. También filman manifestaciones, fotografían a los espectadores durante charlas o visitan locales sin orden judicial. A la par, Zaragoza se nutre de más efectivos, como la nueva Unidad de Apoyo Operativo de la Policía Local, que desde mayo vigila las zonas de ocio con una actitud que ya ha levantado bastantes quejas.
Ante lo que consideran ofensiva represiva previa a la Expo Internacional Zaragoza 2008, numerosas personas y colectivos están organizándose para defender los derechos cívicos y oponerse a la aprobación de la Ordenanza sobre Convivencia y Civismo, obsesión de Juan Alberto Belloch, que el 16 de junio fue investido de nuevo alcalde de Zaragoza.
Nacho Escartín/Diagonal Aragón
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