Presencia de empresas de armamento y restricción del derecho a la libertad de expresión, una inquietante costumbre en los campus universitarios
El 26 de Abril de 2007, cuatro activistas universitari@s fueron agredid@s y expulsad@s de la feria universitaria de empleo «empzar 2007» por expresar pacíficamente de forma noviolenta su rechazo a la presencia de dos empresas en su interior (Indra y C.A.S.A.) relacionadas con la industria del armamento (Indra volverá a repetir presencia en la edición de abril de 2008 de dicha feria) contraviniendo una vez más las disposiciones a favor de la paz que figuran en los estatutos de la Universidad de Zaragoza.
La orden de desalojo fue dada por un responsable universitario de la fundación Universa, y llevada a cabo sin miramientos por vigilantes de seguridad a los que se consintió incluso que llamaran a la policía para realizar identificaciones en el interior del Campus “Río Ebro” del zaragozano barrio del actur.
Un año después, se va celebrar un juicio contra est@s activistas alentado por la situación de absoluta impunidad con la que se desenvuelven en los distintos campus universitarios los integrantes de la empresa de (in)seguridad GARDA, guiados por intereses particulares. Dos de estos vigilantes presentaron denuncia por agresión contra l@s universitari@s, como forma de “equilibrar la balanza”, al observar que habían provocado una lesión en el brazo a uno de l@s manifestantes y temer, a su vez, una denuncia fundada de l@s universitari@s, pretendiendo salvar así su «expediente policial», ya que se presentaban a oposiciones a fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
Precisamente el rectorado se desentiende en estos casos de las denuncias cuando las realizan los miembros de la empresa de seguridad contratada por la institución, por considerarlas denuncias particulares, y no tiene articulado ningún procedimiento para evitarlas o, por el contrario, asumirlas como propias, con lo que se somete voluntariamente a los caprichos estos personajes uniformados, usándolos los responsables de turno como «fuerzas de choque» contra la disidencia, y luego encogiéndose de hombros ante las consecuencias de sus impresentables actuaciones.
Denunciamos, por tanto:
• El incumplimiento de los Estatutos, en lo referente a la paz y el desarme, por parte de la Universidad (presencia de empresas de armamento en sus ferias de empleo, colaboración con la Academia General Militar, OTAN, etc.)
• La reiterada inclinación de los responsables universitarios hacia la represión de las ideas, a través de impedimentos a la libertad de expresión en los distintos campus (incluyendo incluso identificaciones por parte de la policía).
• El tipo de contratos de «inseguridad privada» que realiza la Universidad y la utilización de vigilantes como «fuerzas de choque» frente a protestas absolutamente pacíficas.
Acude al juicio que se celebrará el 15 de abril a las 10 horas en la sala el juzgado de instrucción nº 11 de la Plaza del Pilar, sala de vistas 16.
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